El rumbo de Ollanta Humala

de Jorge Berrocal

Hasta inicios del año 2011 se veía con claridad el rumbo que nuestro país estaba tomando y la estabilidad del sistema económico. Esto era reforzado por el consenso en la mayoría de las fuerzas políticas a favor de mantener el rumbo, por los buenos resultados que estaba mostrando.  Inclusive las primeras señales del nuevo régimen humalista apuntaban hacia ese sentido. Sin embargo, estamos observando en los últimos meses una amenaza que se expresa en la influencia e impacto cada vez mayor de los conflictos sociales, como el que acontece en torno al proyecto Conga de tendencia claramente "anti-sistema".

Este hecho no habría cobrado tanta relevancia si no se hubiese producido el éxito político de sus promotores con la suspensión del mencionado proyecto. Esta situación, que pone en riesgo la estabilidad económica alcanzada, no tiene precedentes en la historia reciente del Perú; quizás el episodio más importante con similares características fue el que se presentó con el movimiento en contra del regimen fujimorista en el año 2000, pero como pudo apreciarse, este solo terminó en un cambio del grupo político en el poder; toda vez  que el sistema económico establecido se mantuvo intacto. Por otro lado, el caso de los movimientos en contra de la privatización de las empresas de Egasa y Egesur ocurridas en Arequipa el año 2002 resultaron ser muy limitados al ámbito local, por lo que no se tradujo en una verdadera amenaza del sistema.

Otro aspecto desconcertante que ya ha sido observado por muchos analistas políticos es la aparente debilidad del gobierno de Ollanta Humala para solucionar los conflictos sociales, digo aparente porque aún falta determinar con precisión lo que está ocurriendo realmente. En ese sentido, el gobierno ha dado mensajes ambiguos con los cambios en el equipo ministerial, por lo que analizaremos dos escenarios posibles.

En el primero, el gobierno se ha incorporado al sistema pero no sabe como afrontar los conflictos sociales, y en el segundo, que es el más preocupante, es donde el gobierno realmente está en contra del sistema por lo que deja y promueve que esta se siga desgastando a manos de los extremistas para finalmente ejecutar un cambio drástico con otro programa de gobierno, aquel que ya había sido descartado para ganar las elecciones, el denominado programa de "la gran transformación". De ser real el segundo escenario, el régimen estaría procediendo claramente contra los verdaderos resultados de las elecciones generales del 2011 -el 68% votó en contra del programa inicial de Ollanta Humala-, y realmente estaría significando un golpe "anti-sistema".

En el entendido de que se trata del primer escenario, lo que debe hacer el gobierno es implementar o reforzar el marco normativo que permita combatir eficientemente los actos ilegales y la violencia que se producen a raíz de los conflictos sociales. Para tal efecto debe otorgarse un marco legal que permita canalizar adecuadamente los legítimos intereses de la población en una forma más ordenada y predecible. Así mismo, se debe establecer y aplicar sanciones más practicas y aleccionadoras a todos aquellos que infrinjan las leyes como por ejemplo en los casos de toma de carreteras y paros que afectan a otros ciudadanos. Para que este plan sea efectivo, debe iniciarse una campaña de información orientada a que toda la población tenga plena conciencia sobre que acción resulta legal y que otra ilegal y las consecuencias que estos generan.

En el segundo escenario, el papel más importante deberá ser asumido por la oposición política que se encuentra tanto dentro como fuera del congreso. Ellos tendrán que alzar las banderas de la libertad en defensa de aquel programa que la mayoría eligió en la segunda vuelta de las elecciones pasadas, en defensa de la "hoja de ruta". Todo esto significaría un proceso de resistencia que debe llevarse a cabo para preservar el "manejo responsable y prudente de la economía" tal como alguna vez se comprometiera el ahora presidente Ollanta Humala.